La transición energética implica un nuevo modelo en el que nos encontramos con
desigualdades, con colectivos vulnerables. Por ello, en los últimos años se está tratando de
implementar un adjetivo más a este nuevo paradigma energético y es la justicia. La transición
energética tiene que ser justa y, para ello, no puede dejar atrás a ningún colectivo.
En este contexto vamos a analizar las posibilidades que las comunidades energéticas pueden
ofrecer para integrar plenamente a la ciudadanía, con especial atención a las mujeres, los
migrantes o los mayores, colectivos tradicionalmente alejados de la toma decisiones en
cualquier ámbito, pero que deben ser partícipes de esta transición y no sólo como actores
secundarios, sino como protagonistas y responsables de las tomas de decisiones.
Para ello, vamos a analizar el marco normativo vigente, con especial atención a las directrices
trazadas por la Unión Europea y las propuestas nacionales; a fin de trazar el esquema normativo
y planificador que puede fortalecer la actuación de las comunidades energéticas como agentes
de cambio, hacia una transición energética realmente justa.
Buscar en Dimension