Las fuentes jurídicas prueban que, hasta el siglo III, las ciudades habían tenido la libre disposición de sus bienes. Sin embargo, durante los tres últimos siglos del imperio romano, pasan al control del Aerarium, garantizándose así su gestión e ingresando una parte de las rentas. Son muchos los textos que atestiguan el advenimiento del control estatal sobre los bienes y recursos locales, siendo cierto, no obstante, que nos encontramos ante un proceso histórico largo y carente de homogeneidad en las conocidas dos partes del Imperio. La ingerencia del poder imperial comienza primero tímidamente y se muestra con toda su crudeza
más tarde: en las primeras décadas del siglo IV irían sentándose las bases del futuro sistema implantado por la autoridad imperial, de tal manera que, a partir de Constantino, las ciudades perderían definitivamente la libre disposición de sus bienes y rentas, aunque durante unos pocos años sería recuperada por orden de Juliano y la tendencia política, también de alguna
forma atemperada, de Constancio en adelante, mediante el reembolso a las ciudades de una cuota de sus ingresos.