Nos encontramos ante una nueva cuestión social. A nivel nacional, no se puede despreciar la propia institución estatal y se debe avanzar hacia la configuración de un renovado Estado de Derecho que no olvide las conquistas alcanzadas en un pasado y se comprometa con la erradicación de las causas que permanecen provocando desigualdades, sin ofrecer meros paliativos que las mantenga subsistentes. A nivel internacional, se requieren más respuestas jurídicas que luchen contra los poderes salvajes del mercado global, normas de Derecho internacional público de los derechos humanos que constituyan un hard law, que no por ello sustituya otras normas de soft law u otras posibles iniciativas de negociación colectiva. Una regulación fuerte tendría que tener en cuenta que establecer una jerarquía entre los derechos no tiene sentido si se considera que su fundamento, de todos ellos, es la dignidad humana. No cabe duda de que el intervencionismo es mayor cuando se habla de derechos como los sociales, lo que no quiere decir que sean meros derechos prestacionales, son igualmente derechos de libertad que posibilitan la realización del resto de derechos. El estado de alarma actual ha hecho reflexionar sobre este punto y es que el principal obstáculo en todos los niveles es que no ha habido voluntad para fijar el contenido esencial de los derechos sociales. En esta situación excepcional se han sufrido fuertemente las consecuencias de esta falta. Los recortes en la sanidad, la desregulación en el ámbito laboral, la falta de recursos en la esfera educativa, entre otros, se están advirtiendo ahora más que nunca. El aspecto positivo de todo ello es que se están revalorizando los trabajos en estas esferas, y por primera vez surge un panorama en el que es posible hablar de renovadas propuestas basadas en la solidaridad, la vulnerabilidad y la igualdad.
