La evolución de la temporalidad se ha convertido en un problema endémico y estructural de nuestro sistema de empleo público. La crisis del 2008 y los recortes presupuestarios han incidido en dicha proliferación en el seno de nuestras instituciones hasta unos límites desconocidos hasta el momento. No han sido sino los tribunales de justicia europeos los que han venido arrojando un poco de luz en todo este asunto. A la luz de dichas resoluciones, y como consecuencia de la enorme conflictividad y litigiosidad, se ha legislado en aras de limitar dicha problemática futura. A pesar de todo, no parece que la cuestión haya quedado definitivamente resuelta.
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