La Prestación por cese de actividad de los autónomos
adheridos es una de las prestaciones económicas más
controvertidas que gestionan las Mutuas Colaboras
con la Seguridad Social.
Esta percepción supone una ayuda por desempleo a
todos aquellos trabajadores por cuenta propia que
cumplieran con una serie de requisitos fácilmente
demostrables a priori, como haber cotizado por las
contingencias profesionales y evidenciar cierto nivel de
pérdidas económicas. Las Leyes 32/2010 de 5 de agosto,
y posteriores, establecieron un sistema específico de
ayudas con unas expectativas que actualmente se han
visto defraudadas, pues un creciente número de
trabajadores han dejado de solicitar esta prestación
llevados por su escasa cuantía y una creciente
desconfianza por un acceso cada vez más difícil
motivado por unos requisitos que condicionan el acceso
a los correspondientes beneficios.
Las causas de este fenómeno no sólo guardan relación
con el grado de eficiencia en la participación de las
Mutuas Colaboradoras en la gestión de prestaciones,
sino a numerosas dificultades de naturaleza político-
legislativas, y sociales. Si no se abren vías de solución
a esta problemática, dicha percepción carecerá de
sentido y practicidad.
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