La Constitución Española diseña un sistema de empleo público basado en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al mismo. El desarrollo legal y reglamentario es extenso y preciso. No obstante, las altas tasas de temporalidad de nuestro sistema han obligado al legislador a adoptar medidas al respecto de procurar; por un lado, limitar la temporalidad y; por otro lado, de establecer un último proceso de consolidación de empleo. Lo que no se hace es legislar en pro de eliminar las aporías normativas que dan lugar a un acceso al sistema que se podría denominar como impropio.
