Nuestro sistema de empleo público adolece de una serie de aporías normativas que provocan una enorme conflictividad y litigiosidad en los tribunales de justicia. A pesar de no ser una cuestión aislada, sino que, por el contrario, es una controversia que ha ido ensanchando sus aristas jurídicas a lo largo de los años, el legislador nacional de todas las épocas no ha adoptado una postura firme al respecto. Ha venido dejando en manos de las instancias europeas la resolución de cuestiones internas, lo que ha provocado una dependencia de nuestro sistema de las cuestiones prejudiciales planteadas y del fallo del TJUE para cada una de ellas. De lo que se deduce la necesidad de una modificación normativa que parta de un análisis de las principales controversias al objeto de solventar la problemática principal, de tal forma que las resoluciones del tribunal europeo terminen siendo una cuestión puntual para casos concretos.
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