La promulgación en febrero de la Ley 2/2023 sobre sistemas de información ha vuelto a evidenciar el complejo asunto de los canales de denuncia para las empresas y particulares y los ámbitos que estos deben proteger para su correcto uso. Pero, además, y aquí reside una novedad axial de la nueva regulación, ha involucrado al sector público en la exigencia de implantar canales de denuncia in- ternos. En ambos casos, sector público y privado, esta regulación exige expandir la protección de las personas que utilicen el canal, siempre en un entorno laboral, para comunicar información sobre los aspectos internos que pudieran suponer una infracción grave del Derecho de la Unión o una infracción administrativa o penal. De tal suerte, las corporaciones han de velar por el uso de los circuitos de información interna para que permitan conocer el clima interno laboral, legal, fiscal, etc. y fomentarán el uso de tales canales.
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