La Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007 se basa en un modelo administrativista, de responsabilidad objetiva que tiene como principio “quien contamina paga”, que pretende reducir la exposición a riesgos ambientales que pueden dañar la salud. Sin embargo, debería cambiar el foco de la regulación, ya que debería enfocarse hacia una responsabilidad civil derivada del efectivo daño provocado. Proponemos una relectura de la ley 26/2007, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030; la cual tiene a las personas entre sus ejes principales.
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