El ingreso mínimo vital viene a completar uno de los mandatos constitucionales olvidado hasta ahora por el legislador que es la garantía de unos ingresos mínimos para paliar la vulnerabilidad económica y lucha contra la pobreza. Se pretende una redistribución de la riqueza, así como la inserción laboral de los posibles beneficiarios.
La norma es aprobada en el año 2020 en plena crisis sanitaria y económica derivada la pandemia provocada por la Covid-19. La aprobación de este decreto suscitaba muchas críticas por parte de la doctrina y de los posibles beneficiarios, muestra de ello es que ha sido objeto de hasta siete modificaciones en poco más de un año, lo que refleja la urgencia en su regulación y redacción como las dificultades en su gestión. La nueva ley que lo regula se publicó el pasado 21 diciembre 2021 y viene a sustituir tácitamente al Real Decreto-ley incluyendo novedades que facilitan y agilizan su gestión.