Durante la década 2010-2020 la Unión Europea ha desarrollado un notable impulso de los instrumentos legislativos contra el fraude fiscal en todas sus vertientes. La irrupción de estos instrumentos, cuya forma más preeminente es la Directiva, pone de manifiesto el firme compromiso de las autoridades europeas para sellar las grietas de la regulación financiera europea, tratando de alcanzar una fiscalidad más equitativa, al tiempo que evidencia el uso de mecanismos jurídicos menos frecuentes en el Derecho continental y europeo hasta la fecha.
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