El presente artículo analiza la evolución y el estado actual de la legislación europea y nacional respecto de la protección conferida al denunciante anónimo en el seno de una organización. Partiendo de la Propuesta Europea sobre el Informante Protegido se atisban cambios profusos no solo en las legislaciones internas sino en la forma de actuar y pensar del legislador, autoridades y ciudadanos. Buena parte de la reforzada protección que se concede a estos últimos debe ponerse en conexión con las normativas que establecen la obligatoriedad de crear y gestionar un canal de denuncias interno como elemento de garantía para un correcto funcionamiento de las normas de conducta interna: transparencia y auto regulación vertebran nuevamente las últimas codificaciones internacionales.
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