Las rentas mínimas de inserción (en adelante RMI) constituyen la última red de
protección de los Estados del bienestar, y su objetivo principal consiste en cubrir las
necesidades básicas para la supervivencia de la población (Sanzo, 2013). Los
dispositivos de rentas mínimas contemplan una prestación económica básica para
aquellas personas y para aquellos hogares que presentan una insuficiencia de recursos
y, por tanto, una situación de pobreza (Arriba González de Durana, 2014). En España
las RMI tienen su origen a finales de los 80´s (Aguilar et al, 1995) y su desarrollo ha sido
competencia de las distintas Comunidades Autónomas (CC. AA).
El colectivo gitano por su parte se distribuye por todo el territorio nacional presentando
unos niveles de exclusión social y pobreza relativamente altos en relación al resto de
población. El riesgo de exclusión social afecta de manera más drástica a la población
gitana en España (69,9 %), pues cuadruplica en riesgo de exclusión respecto a la
población no gitana (17,8 %) (Gutiérrez et al, 2020). El 86% de las personas gitanas vive
por debajo del umbral de la pobreza, y el 46% es extremadamente pobre. La tasa de
pobreza infantil se sitúa en un 89%, y un 51% es extremadamente pobre (FSG, 2020).
La mayor parte de la población gitana sufre una fuerte desigualdad y desprotección en
el acceso a los derechos económicos y sociales.
En este trabajo analizaremos la accesibilidad del colectivo gitano a los programas de
rentas mínimas a nivel estatal tratando de identificar los elementos comunes y/o
diferenciales que condicionan el acceso de este colectivo a los distintos programas.
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