En el contexto del proyecto de investigación “Medidas inclusivas para menores en situación de exclusión social”, se está llevando a cabo un trabajo de análisis exhaustivo de la normativa, las prácticas y los programas de intervención aplicados en los centros de internamiento y en los centros de protección específicos para menores con problemas de conducta. A partir de un enfoque interdisciplinar y comparado, se pretende poner de manifiesto las posibles carencias y diseñar propuestas que permitan modificar normas, implementar de manera adecuada las existentes y mejorar las prácticas aplicadas. Aunque en general nuestros sistemas de protección y de justicia juvenil respetan el principio del interés superior del menor, hay ciertos elementos que parecen ineficaces para evitar o recuperar las situaciones de exclusión social en que se encuentran los menores que pasan por ambos sistemas. En la presente contribución se expondrán los resultados del análisis comparado de la regulación aplicable tras la reciente reforma de la LO 1/1996, de protección jurídica del menor, producida por la LO 8/2015, que ha incluido en la ley un capítulo específico (IV) que regula estas situaciones y que resulta ser muy similar, aunque mucho más esquemático, que el que recoge la LO 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Dado que una de las hipótesis de partida del proyecto es el cuestionamiento del carácter esencialmente administrativo de las actuaciones en este contexto de desprotección y extrema vulnerabilidad de los menores, esta contribución pone el foco en analizar la legitimidad de la regulación de la privación de libertad en el ámbito de protección. Se aportarán también los datos más recientes de su aplicación y se planteará si las prácticas a que está dando lugar pueden resultar lesivas del principio del interés superior del menor.
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