Parte de la problemática que subyace en nuestro sistema de empleo público ha sido objeto de diversas cuestiones prejudiciales planteadas por parte de algunos tribunales españoles ante el TJUE a lo largo de los últimos años. Quizás, la más relevante hasta el momento fue el caso de Ana de Diego Porras I y II.
La última STJUE (Sala Sexta), de 22 de febrero de 2024 (asuntos acumulados C-59/22, C-110/22 y C-159/22) que incide sobre parte de la problemática de nuestro sistema, ha provocado un “terremoto” mediático y jurídico que ha llevado al Tribunal Supremo (Sala 4ª) a decidir plantear una nueva cuestión prejudicial que aclare ciertos aspectos de la sentencia objeto de estudio.
Varios trabajadores del Sector Público de nuestro país que forman parte en la categoría -reconocida judicialmente- de indefinidos no fijos plantean diversos recursos de suplicación ante el TSJ de Madrid después de que varios Juzgados de lo Social les negasen la condición de trabajadores fijos en la Administración. Dicho TSJ plantea al TJUE sendas cuestiones prejudiciales.
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