Existen diferencias en el papel que los Gobiernos deben tener en la lucha contra la desinformación. Los medios de comunicación se encuentran entre la regulación y la autorregulación en aspectos como la propiedad, la transparencia financiera y la independencia editorial. Una regulación estricta puede verse como una injerencia gubernamental en la libertad de prensa, pero confiar en la autorregulación también es cuestionado debido a posibles intereses económicos. Otro aspecto controversial es la regulación de las plataformas sociales, una fuente importante de información para la ciudadanía. La Unión Europea intenta regular estas plataformas, enfrentando la oposición de diversos lobbies.
La investigación tiene como objetivos registrar y analizar las medidas legislativas de distintos países, dentro y fuera de la UE, para combatir la desinformación, considerando su contexto sociopolítico y mediático. También busca evaluar el impacto de la legislación europea en las estrategias nacionales contra la desinformación, balancear la efectividad y garantismo de estas leyes, y comparar los sistemas de regulación y autorregulación. La metodología incluye una revisión bibliográfica de las medidas legislativas en los últimos cinco años en España, Grecia y Turquía.
Los resultados muestran que las medidas en estos países no han involucrado a organizaciones civiles y mediáticas, recibiendo críticas de estos sectores. En Grecia y Turquía, hay penas de cárcel, siendo más garantistas en Grecia debido a su compromiso con el CEDH y las instituciones comunitarias, aunque efectivas contra campañas de desinformación como las antivacunas. En España, las medidas no han modificado el código penal y son más vagas, enmarcadas en una Ley de Seguridad y una estrategia de ciberseguridad que aún no se han concretado en cambios legislativos específicos.
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