Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (2020) arroja el dato de que el 62% de los menores tutelados que cumplieron 18 años no fueron derivados a un programa +18, por lo que se quedaron sin atención. Si consideramos en la literatura criminológica los factores de riesgo y protección frente a la victimización y la delincuencia se podría argumentar que ese perfil de jóvenes podría estar en una situación especialmente vulnerable por su falta de apoyos sociales y las travas que encontraban para su inserción laboral. La pregunta que se podría formular frente a eso es si estarían siendo empujados del sistema de protección de menores a las cárceles una vez cumplen la mayoría de edad. Sin embargo, no hay registro de cuantos jóvenes extutelados se encuentran o han pasado por prisión en las estadísticas oficiales de Instituciones Penitenciarias en España.
El proyecto JEPRAN buscó identificar cuántos de los jóvenes encarcelados en Andalucía eran extranjeros extutelados. El segundo objetivo fue identificar factores de riesgo y protección en las trayectorias de estos jóvenes hasta la llegada a prisión y por último identificar oportunidades y desafíos para su reinserción. Cuatro prisiones andaluzas fueron seleccionadas en función del mayor número de personas migrantes registradas: Alhaurín de la Torre (Málaga), Botafuegos (Algeciras), El Acebuche (Almería), Albolote (Granada).
Encontramos un total de 986 jóvenes y pudimos encuestar 87% de ellos. Entre ellos, encontramos 80 jóvenes extranjeros que había pasado por el sistema de protección (9%). Los casos encontrados apuntan a que los jóvenes extutelados que llegan a prisión lo hacen a edades muy tempranas y fundamentalmente por delitos relacionados con la subsistencia. Este dato apunta a que carencias en ese proceso de transición a la vida adulta pueden estar relacionados con el comportamiento delictivo de ese grupo reducido de jóvenes en prisión que, además presenta pocos lazos sociales de cara a su reinserción.
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