La despoblación de ciertos territorios de nuestro país genera serios inconvenientes para sus habitantes, hasta el punto de que se puede llegar a poner en peligro el ejercicio de derechos y libertades considerados fundamentales y quebrar el Estado de bienestar tal y como lo conocemos. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la posibilidad de considerar la residencia en zonas escasamente pobladas y, por consiguiente, el aumento de costes que supone satisfacer necesidades básicas provocado por el desigual acceso a servicios públicos, un índice más de capacidad económica, de manera que se tuviera en cuenta a la hora de determinar la contribución al sostenimiento de los gastos públicos de las personas físicas residentes en dichos lugares. Además, se formulan algunas propuestas técnicas para articular esta modulación de la carga tributaria en diferentes figuras de nuestro sistema tributario.
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