La tesis se centra en el estudio de las potestades asociadas al empleo público y a la organización administrativa. Como indica el art. 103 de la Constitución Española, la Administración debe servir con objetividad los intereses generales; de ahí que en esta investigación cobre especial relevancia la concreción de qué se entiende por “interés general”, su relación con la organización administrativa y el empleo público, y su control a través de la comparación con el interés de los actos administrativos producidos en ejercicio de las potestades de empleo público para detectar actuaciones arbitrarias y constitutivas de desviación de poder.
El objetivo y la motivación de esta tesis ha sido identificar situaciones de desviación de poder -de manera que esta técnica de control de la discrecionalidad sea más eficaz-, y realizar propuestas de reformas legislativas que sirvan de prevención de estas situaciones en la función pública (en el acceso, provisión, ceses, traslados y retribución económica de empleados públicos), como para robustecer la tutela jurisdiccional en la lucha contra la impunidad del poder. Todo ello desde el convencimiento de que un mejor funcionamiento interno de la Administración que garantice la igualdad de trato en el acceso al empleo público, en la carrera, movilidad y régimen retributivo de los empleados públicos, se traduce en un mejor servicio a los ciudadanos, lo que contribuye al progreso del país.
En el capítulo I, se realiza un análisis del concepto de interés general y sus diversas acepciones (interés público, social, utilidad pública, etc.), que debe orientar toda actuación pública. Se trata de adecuar la actuación de la Administración a los fines que la justifican como reza el artículo 106 CE, llegando a la conclusión de que el interés general viene conformado, por un lado, por un interés primario o genérico que debe tener reflejo en algún valor o principio constitucional, Tratado internacional o Derecho de la Unión Europea,
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