La administración ha emprendido un profundo proceso de digitalización en los últimos años, cuya presencia se ha incrementado a raíz de la pandemia. Las nuevas formas en que se desarrollan las relaciones administración-ciudadano no han tomado en consideración la actualización acompasada de las competencias digitales y medios materiales de que dispone la sociedad. Esta situación provoca desajustes que afectan en último término a los derechos y garantías de los ciudadanos, que han experimentado especiales dificultades a raíz de la implantación de la cita previa obligatoria para realizar trámites administrativos. Ello justifica realizar un análisis sobre su encuadre legal, así como sobre las medidas que la administración debe implementar para asegurar la disminución de la brecha digital.
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