Exponemos algunas conclusiones de un estudio más amplio en el que nos peguntamos por el significado y la validez jurídica del deber constitucional de trabajar. Entre otras cosas, investigamos si esta disposición constitucional establece limitaciones sobre las posibilidades regulatorias del legislador ordinario y, en este caso concreto, si le impide la introducción de un mecanismo de protección social no condicionado como es la renta básica. Damos una respuesta negativa en tanto que la renta básica, según se ha definido teóricamente por sus promotores, quiere hacer efectivo el derecho a no trabajar, lo cual se opone en términos lógico-jurídicos al deber de hacerlo.