En España existe, desde 1998 (con versiones posteriores en 2000, 2006 y 2020) un pacto político contra el transfuguismo, que viene definido como el representante público que, traicionando al sujeto político que los presenta a las elecciones, lo abandona, es expulsado o se aparta del criterio fijado por sus órganos competentes. La ponencia recorre algunas de las reformas que se han llevado a cabo al amparo de este pacto en municipios, parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales.
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