En España se advierte en los últimos años un progresivo fortalecimiento del Gobierno en sentido contrario a lo que sucede con el Parlamento, coincidiendo con dos momentos de crisis. Por un lado, en el marco de la crisis sanitaria, el tercer estado de alarma se prorroga durante seis meses limitando también a la rendición de cuentas del Gobierno. Tal concentración del poder mereció una declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Por otro lado, la crisis del bipartidismo ha intensificado el predominio del Poder Ejecutivo en el ámbito legislativo, por medio de un uso sin precedentes del decreto-ley como alternativa a la ley parlamentaria. Esta última circunstancia, en cambio, ha encontrado una respuesta muy laxa y permisiva por parte del Tribunal Constitucional español.