La justificación para imponer penas es su supuesta capacidad para prevenir
delitos, que se lograría al comunicar una amenaza legal. Esta idea ha llevado a justificar
la criminalización de nuevas conductas y el aumento de las penas. Sin embargo, esta
visión no ha considerado suficientemente la evidencia de la Criminología en cuanto a la
eficacia de este efecto denominado disuasión general (Hirsh et al, 1999), que sugiere
que esta sería, en general, limitada.
Por esto y con motivo de las recientes reformas en materia penal en el ámbito del
maltrato animal (Ley Orgánica 3/2023), hemos analizado el debate público surgido
dentro del movimiento animalista en relación a la pertinencia de las reformas que se
estaban planteando durante el proceso legislativo, así como las reacciones posteriores a
la publicación de los textos definitivos. En concreto se han analizado manifiestos, notas
de prensa, y comunicaciones en redes sociales por parte de asociaciones animalistas, así
como de los responsables de la Dirección General de Protección Animal.
Este estudio ha arrojado interesantes resultados sobre los diferentes
posicionamientos existentes dentro del movimiento animalista y del sentido que el
Derecho Penal tiene para ellos, así como sobre las demandas a las que la sociedad
española va a tener que enfrentarse previsiblemente durante los próximos años en esta
materia. En este punto es donde la importancia de la Criminología debe ser fundamental
para ofrecer alternativas basadas en la evidencia que contribuyan a evitar el mero uso
simbólico del Código Penal.
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