La infrarrepresentación numérica de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo en España es consecuencia de la existencia de una serie de barreras de diversa indoles que dificultan su acceso y el mantenimiento del empleo. Para el derribo de estas barreras y la consecución de la igualdad material del colectivo se presentan una serie de medidas con el objeto de fomentar la contratación que son ya tradicionales en lo que se refiere al empleo de las personas con discapacidad. Por otro lado, la legislación socio-laboral en España se encuentra inmersa en continuos y profundos cambios que vienen afectando a instituciones básicas de la disciplina. Ejemplo de ello es la, por todos conocida, reforma laboral de 2021 (RDL32/2021) que modifica considerablemente las reglas de contratación en el país; o, entre otras, más recientemente, la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo o el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. Cada una de estas normas tienen presente y modifican, en mayor o menor medida, aspectos relacionados con las reglas de contratación del colectivo, ocupándose de aspectos que van desde cuestiones discriminatorias o medidas de seguridad social, pasando por la modificación de las reglas aplicables a los contratos. Pese a estos cambios normativos recientes, se han quedado importantes reformas en el tintero y se hace necesaria una revisión integral de las medidas previstas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en España. La reciente publicación del Libro Blanco sobre empleo y discapacidad ofrece una buena oportunidad para comenzar con este inaplazable designio que ha de aspirar, a partir del cambio normativo, a modificar la forma de interaccionar de los sujetos con las personas con discapacidad y la red de relaciones que la integra.
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