En España y Europa sigue habiendo una alta incidencia de delitos medioambientales. Dentro de las causas de este fracaso, la UE considera que los mecanismos para la puesta en práctica de la legislación no son lo suficientemente robustos para asegurar su cumplimiento y una gobernanza efectiva tanto a nivel nacional, como regional y local fomentando y promoviendo su revisión. (Informe Comisión 2018: EU actions to improve environmental compliance and governance). Desde esta perspectiva se procederá a realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la detección y persecución de los daños y delitos medioambientales en Andalucía, las sanciones impuestas y su efectiva y completa ejecución. Este diagnóstico, además de acudir a las fuentes oficiales, se realizará mediante un proceso que facilitará la intervención de los actores principales en esta materia: agentes medioambientales de la Junta de Andalucía, agentes del SEPRONA, Policía Nacional autonómica y personal de las sedes fiscales especializadas en las provincias andaluzas. Las competencias sancionadoras por la realización de daños e infracciones en esta materia están compartidas por el ámbito administrativo y por el penal. El correcto ejercicio de las funciones de cada uno de estos actores, así como la coordinación entre los mismos es lo que garantizará una efectiva persecución y sanción de los daños y delitos medioambientales y, por tanto, un freno eficiente en la degradación medioambiental de nuestra comunidad autónoma.
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