La llegada de la inteligencia artificial al sistema de transporte y movilidad trae consigo muchas ventajas, pero también graves riesgos en los cuales no se suele reparar la atención. Riesgos que transcienden del ámbito técnico e inciden en el terreno jurídico, ético y moral.
Detrás de los vistosos beneficios de la digitalización de los desplazamientos se encuentran desafíos que pueden colisionar con los derechos de los ciudadanos. Un aspecto especialmente relevante es la problemática jurídica relacionada con la protección de datos personales. La inteligencia artificial aplicada a la movilidad requiere de un volumen ingente de información de las personas para que la tecnología “juegue” con ella y, finalmente, pueda trazar necesidades, pautas y preferencias de los usuarios. El individuo tiene que ceder información personal que acaba depositada en masivas bases de datos, tratadas bajo parámetros informáticos y técnicos para que el servicio sea lo más personalizado posible.
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