Se han realizado nueve informes documentales: -Análisis documental de la normativa disponible en la legislación nacional y en la legislación de las diferentes Comunidades Autónomas (Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y Valencia). Tenemos resultados de la investigación en materia de gestión, dirección, organización, currículo y desarrollo profesional docente. Se aprecia una voluntad de cambio con un corpus normativo que ha incorporado el lenguaje de la innovación, la investigación, la flexibilización, la participación, la inclusión, la igualdad, la diversidad, etc. No obstante su desarrollo y su concreción en el articulado no llegan a ser medidas que contribuyan a generar unas organizaciones educativas más inclusivas, unas direcciones de centros con autonomía de gestión para atender a las verdaderas demandas de los contextos particulares con un liderazgo más pedagógico y comunitario, una inspección que conecte con las problemáticas de los centros sin fiscalización y una formación del profesorado (inicial y permanente) que vayan más allá de las competencias a desarrollar para garantizar un rendimiento del alumnado como rendición de cuentas de la calidad de la escuela, y, a su vez, del sistema. También análisis de informes, artículos y documentos sobre la privatización en la educación. Se ha detectado un incremento de la privatización educativa. En particular Andalucía es una de las comunidades en que esta se desarrolla de una forma más impetuosa en los últimos 10 años. Desde 2011 a 2019 se ha producido el cierre de 7458 unidades de infantil, primaria y secundaria, perdiendo 4638 docentes de la enseñanza pública (82% 3en primaria). Se realiza una privatización por diseño, siguiendo el modelo de Madrid, que ya cuenta con un 45% de escuela privada, que amplían la segregación escolar desde 2013 en un 33%. También se va ampliando la privatización por defecto, donde crecen los centros privados en Formación Profesional y en Educación Infantil de 0-3 años.