La garantía constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada como responsabilidad compartida de todos los poderes públicos se ha intentado alcanzar a través de diversos planes y políticas públicas sin que se hayan obtenido resultados satisfactorios. Resulta innegable que un programa de política urbanística y del planeamiento incide necesariamente en el esquema de la propiedad privada, no sólo en el estatuto jurídico y la titularidad del derecho real de propiedad y otros derechos reales sobre el suelo, sino sobre el uso y el acceso a la misma.
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