En las últimas décadas la educación ha sido uno de los sectores en los que se ha producido un acelerado desarrollo de nuevos modos de articulación entre el ámbito público y los intereses particulares y de mercado, extendiéndose las formas de privatización en los sistemas de educación pública de todo el mundo. La mayoría de estos cambios se han producido a través de políticas educativas que son promovidas por las autoridades, e impulsadas por Organismos Internacionales (OI), mediante la adopción e implementación de políticas explícitas a favor del sector privado, una privatización por diseño, que está teniendo graves consecuencias para la equidad de los estudiantes, para las reformas globales y para el desempeño y las condiciones de trabajo del profesorado.
Según la clasificación que realizan Stephen J. Ball y Deborah Youdell (2008) la privatización puede ser exógena o endógena. En España ha sido exógena, en cuanto que abre el sector público a la participación del sector privado a través de los conciertos, las subvenciones y los cheques escolares. Paralelamente se instaura una privatización endógena que se basa en la idea de que las escuelas son ineficaces e incorporan las modernas teorías de la gestión pública, modelos de empresas en el sector de la educación pública (Navas-Quintero, 2010; Verger y Normand 2015; Oliveira, 2015), que empujan a los centros escolares a competir entre ellos para conseguir al mejor alumnado, con direcciones jerárquicas y técnicas y con una orientación exclusivamente hacia el mercado de trabajo.
Se produce para muchos gobiernos lo que consideran una modernización que se extiende en los años noventa con la globalización y la extensión de las políticas capitalistas, a la vez que el estado de bienestar entra en crisis, y se activan instituciones financieras e internacionales en la privatización de servicios públicos.
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