Desde los acebuches naturales hasta las plantaciones de olivar actual ha mediado un largo proceso de interacción hombre-medio no exento de efectos ambientales negativos, entre los que destaca la erosión hídrica del suelo. Este tipo de degradación del suelo se ha configurado como un problema constante directamente relacionado con el manejo inadecuado del suelo agrícola, y más acusado en ámbitos mediterráneos donde las pendientes suelen ser pronunciadas, y las precipitaciones escasas y de carácter torrencial. Así, en la actualidad, la sostenibilidad de muchas de las explotaciones de olivar, sobre todo las de montaña, se encuentra cada vez más comprometida.
La Política Agraria Comunitaria (PAC en adelante) en 2003 se hizo eco de esta situación asumiendo la necesidad de alcanzar el desarrollo sostenible de la agricultura con el fin de hacer compatible la rentabilidad económica con la conservación medioambiental. En base a ello, instauró el sistema de Condicionalidad donde incorporó normas básicas en materia de medio ambiente, buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra (BCAM), salud pública, fitosanidad y bienestar animal (Reglamento UE n.º 1306/2013). En él, estableció una serie de medidas generales relacionadas con la conservación del suelo, prevención de la erosión, mantenimiento de la riqueza orgánica del mismo y protección de su estructura para evitar la compactación, que debían ser adaptadas por cada uno de los estados miembros al medio en el que iban a ser aplicadas, e ir acompañadas por instrumentos de control y seguimiento que velaran por su cumplimiento. A día de hoy, estos mecanismos de adaptación, control y seguimiento no se muestran efectivos, encerrando importantes deficiencias metodológicas.
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