La posibilidad de renunciar a la persecución penal de un delito cuando el sujeto imputado es un extranjero con una orden administrativa de expulsión pendiente de ejecución está prevista en el art. 57.7 de la Ley de Extranjería. Se trata de una clara manifestación de la fusión entre política migratoria y política criminal que caracteriza la respuesta que se da en nuestro país a extranjeros sospechosos, condenados o excondenados, así como una aislada manifestación del principio de oportunidad en nuestro sistema procesal.
Con el objetivo general de profundizar en el estudio de esta previsión normativa, se analiza su encaje legal, concretando cuáles son los elementos normativos que requiere su aplicación y los criterios interpretativos que se han venido configurando por los operadores jurídicos. Asimismo, se revisan los fundamentos que se han utilizado para justificar la ausencia de interés público en la persecución de los delitos de los extranjeros administrativamente expulsables.
Pese a la excepcionalidad que representa esta renuncia penal, su aplicación se mantiene estable en el tiempo sin que exista hasta la fecha ningún trabajo empírico sobre cómo se está llevando a cabo. Con intención de llenar ese vacío, se ha procedido al estudio de una muestra de expedientes judiciales de los juzgados de Málaga en los que se solicitó la renuncia penal. Los resultados evidencian un conjunto de disfunciones que hacen cuestionar tanto la legalidad de la forma en que se están aplicando, como la capacidad para alcanzar los fines que políticamente se le han atribuido. Por último, se proponen un conjunto de criterios de individualización que pretenden favorecer, desde el conocimiento científico, que la valoración judicial que requiere la aplicación del 57.7 LOEX sea más eficaz para alcanzar los fines que cabe esperar de un sistema penal contemporáneo.
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