La Unión Europea es una construcción institucional, económica y política que viene construyéndose desde la segunda mitad del siglo XX y que ha contribuido al mantenimiento de la paz en Europa occidental desde entonces. Progresivamente va pasado de la mera unión económica a la búsqueda de una mayor unidad política y jurídica con la que enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más globalizado. Para ello, la Unión Europea lleva a cabo desde hace años una ingente labor legislativa y sus decisiones influyen cada día en la vida de más de 500 millones de ciudadanos de los ya 28 Estados miembros. El Derecho penal ha sido tradicionalmente un bastión de la soberanía nacional de los Estados. Pese a ello y a las reticencias de los Estados, se ha ido produciendo una progresiva transferencia de competencias, también sobre materia penal. Podemos decir, por tanto, que hace ya años que el Derecho penal ha pasado a formar parte de las competencias legislativas de la UE. La gran cantidad de normas aprobadas en los últimos años han creado un verdadero acervo de Derecho penal europeo, tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal, si bien este tiene un carácter peculiar, pues se ha ido conformando a través principalmente de diversas formas de armonización normativa que buscan acercar las legislaciones de los Estados. El desarrollo del Derecho penal de la UE hace que los Estados se vean cada vez más frecuentemente obligados a adaptar sus respectivas legislaciones a las directrices penales procedentes de Bruselas. Dicha influencia es a día de hoy bastante considerable pues afecta un buen número de las conductas delictivas de los códigos penales nacionales. Hoy día, por lo tanto, no puede entenderse correctamente la política criminal de un determinado país sin atender al trasfondo internacional. En el presente trabajo de investigación nos hemos propuesto una serie de objetivos.
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