Las políticas globales en educación están estableciendo modelos educativos que buscan la rentabilidad y eficacia de los servicios públicos, a la vez que vinculan las políticas educativas al crecimiento económico. En España la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE, 2013) cambia la configuración del sistema educativo, liberalizándolo y fomentando la iniciativa privada. La LOMCE va a regular la tendencia de los últimos años de aumentar el proceso de privatización, que ha crecido en veinte años en un 200%, desproporcionado al porcentaje de inversión en la escuela pública.
La doble red de centros y la defensa de la elección de centro, vuelven a ser una fuente de desigualdad porque se realiza una selección del alumnado, excluyendo los centros privado-concertados al alumnado que pertenece a los entornos socio-económicos desfavorecidos y, especialmente, a los inmigrantes. Estamos entre los cuatro países europeos que tienen una mayor oferta de plazas en centros privados con conciertos, según el último informe de Eurostat (25,6%) y además seis de cada diez centros concertados pertenecen a la Iglesia Católica.
Los centros concertados, sin embargo, no muestran una mayor eficiencia en sus resultados como muestra PISA. La escuela privada concertada, contrariamente a los criterios de rentabilidad y eficacia con los que se propaga, sale más cara, ofrece una peor calidad y no ofrece equidad. Estas políticas de gestión empresarial y privatizadoras conseguirán centros con desiguales estándares de aprendizaje, en los que la libertad de elección sirve para clasificar en segmentos sociales.
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